Consentimiento sin consentimiento: la uniformidad de la Opinión Pública

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Por Noam Chomsky

Una sociedad democrática decente debe basarse en el principío del «consentimiento de los gobernados». Esta idea ha ganado general aceptación, pero es cuestionada al mismo tiempo por ser demasiado fuerte y demasiado débil. Demasiado fuerte, porque sugiere que la gente debe ser gobernada y controlada. Demasiado débil, porque incluso los gobernantes más brutales necesitan en alguna medida el «consentimiento de los gobernados», y por regla general lo consiguen, no sólo mediante la fuerza.

Me intereso aquí por cómo se han afrontado estas cuestiones en las sociedades más libres y democráticas. A lo largo de los años, las fuerzas populares buscan ganar una mayor participación en la gestión de sus asuntos, con algunos éxitos junto con muchos fracasos. Mientras tanto se ha ido desarrollando un instructivo corpus de pensamiento que justifica la resistencia de las elites a la democracia. Quienes esperan entender el pasado y conformar el futuro harían bien en prestar cuidadosa atención no sólo a la práctica sino al entramado doctrinal en que se sustenta.

Estos temas fueron abordados hace doscientos cincuenta años por David Hume en una obra clásica. A Hume le intrigaba «la facilidad con que son gobernados muchos por pocos, la implícita sumisión con que los hombres entregan» su sino a quienes los gobiernan. Encontraba esto sorprendente, porque «la t’uerza siempre está del lado de los gobernados». Si la gente se diera cuenta de esto, se sublevaría y derrocaría a los señores. Llegó a la conclusión de que el gobierno se basa en el control de la opinión pública, un principio que «abarca a los gobiernos más despóticos y más militaristas igual que a los más libres y más populares».

Seguramente Hume subestimaba la eficacia de la fuerza bruta. Una versión más precisa de lo mismo sería que cuanto más «libre y popular» es un gobierno, más necesita apoyarse en el control de la opinión para asegurar la sumisión los gobernantes.

Que el pueblo debe someterse se da por supuesto en la inmensa mayor parte del espectro. En una democracia, los gobernados tienen derecho a dar su consentimiento, pero a nada más. En terminología del moderno pensamiento progresista, la población debe ser «espectadora» pero no «participante», fuera de ocasionales opciones entre los líderes que representan el auténtico poder. Ese es el terreno de la política. La población en general debe quedar excluida por completo del terreno económico, donde se determina buena parte de lo que ocurre en la sociedad. Ahí el pueblo no tiene que desempeñar ningún papel, según la teoría democrática prevaleciente.

Estos supuestos han sido discutidos a todo lo largo de la historia, pero el tema ha ganado una fuerza especial desde el moderno resurgimiento de la democracia iniciado en la Inglaterra del siglo XVII. El torbellino de la época suele describirse como un conflicto entre el rey y el Parlamento, pero, como muchas veces sucede, buena parte de la población no deseaba ser gobernada por ninguno de los que se disputaban el poder, sino «por paisanos como nosotros que conocen nuestras necesidades», tal exponen sus panfletos, no por «nobles y caballeros» que no «conocen los sufrimientos del pueblo» y que no harán «sino oprimirnos».

Estas ideas afligieron muchísimo a «los hombres de la mejor calidad», como se calificaron a sí mismos: los «hombres responsables», en terminología moderna. Estaban dispuestos a conceder derechos al pueblo, pero dentro de unos límites y según el principio de que por «el pueblo» no entendemos la plebe atolondrada e ignorante. Pero ¿cómo puede reconciliarse este principio de la vida social con la doctrina del «consentimiento a ser gobernados», que no era tan fácil de suprimir por entonces? Una solución al problema la propuso un contemporáneo de Hume, el distinguido filósofo moral Frances Hutcheson. Argumentó que el principio del «consentimiento a ser gobernados» no se quebranta cuando los gobernantes imponen planes que son rechazados por el pueblo, si posteriormente las masas «estúpidas» y «predispuestas» «asienten con entusiasmo» a lo que se ha hecho en su nombre. Podemos adoptar el principio de «consentimiento sin consentimiento», término que utilizó más tarde el sociólogo Franklin Henry Giddings.

Hutcheson se ocupó del control de la plebe dentro del país; Giddings, del fortalecimiento del orden en el exterior. Éste escribía sobre las Filipinas, que el ejército de Estados Unidos estaba liberando en aquellos momentos, mientras también se liberaban varios centenares de millares de almas de las tristezas de la vida; o bien, en palabras de la prensa, «haciendo matanzas de nativos al estilo inglés», de modo que «las descarriadas criaturas» que se nos resisten acabarán «respetando nuestras armas» y más tarde llegarán a reconocer que nosotros les deseamos «libertad» y «felicidad». Para explicar todo esto con las adecuadas maneras civilizadas, Giddings ideó el concepto de «consentimiento sin consentimiento». «Si en los años posteriores, [el pueblo conquistado] entiende y admite que el contencioso tenía un interés superior, es razonable sostener que la autoridad se ha impuesto con el consentimiento de los gobernados», como cuando un padre impide que un niño eche a correr entre la circulación callejera.

Estas explicaciones captan el verdadero significado de la doctrina del «consentimiento de los gobernados». El pueblo debe someterse a sus gobernantes y basta con que dé un consentimiento sin consentimiento. Puede utilizarse la fuerza dentro de los estados tiránicos y en los dominios en el extranjero. Cuando el recurso a la violencia está limitado, el consentimiento de los gobernados debe conseguirse mediante estratagemas que la opinión liberal y progresista denomina «manufactura del consentimiento».

La enorme industria de las relaciones públicas, desde sus inicias a comienzos de nuestro siglo, se ha dedicado al «control de la opinión pública», tal como describen la tarea las grandes figuras del ramo. Y actúan de acuerdo con sus palabras, lo cual es seguramente uno de los temas capitales de la historia moderna. El hecho de que la industria de las relaciones públicas tenga sus raíces y sus principales centros en el país «más libre» corresponde exactamente a lo que nos cabía esperar, contando con una adecuada comprensión de la máxima de Hume.

Pocos años después de que escribieran Hume y Hutcheson, los problemas que causaba la plebe en Inglaterra se extendieron a las colonias en rebeldía de América. Los padres fundadores repitieron casi con las mismas palabras los sentimientos de los «hombres de la mejor calidad» británicos. Como dijo uno de ellos: «Cuando hablo del pueblo, sólo estoy pensando en la parte racional. Los ignorantes y vulgares no valen para juzgar los métodos [de gobierno], dado que son incapaces de manejar las riendas [del gobierno]». El pueblo es una «gran bestia» que ha de domarse, declaró su colega Alexander Hamilton. Hubo que enseñar a los campesinos rebeldes e independientes, en ocasiones por la fuerza, que los ideales de los panfletos revolucionarios no había que tomárselos demasiado en serio. La gente del común no iba a estar representada por campesinos como ellos que conocían los sufrímientas del pueblo, sino por personas bien nacidas, comerciantes, ahogados y demás «hombres responsables» en los que podía cont’iarse para que defendieran los privilegios.

La doctrina imperante fue muy claramente expuesta por el presidente del Congreso Continental y primer magistrado del Tribunal Supremo, John Jay: «Las personas que son dueñas del país deben gobernarlo». Queda por resolver un punto: ¿quién es el dueño del país? La pregunta quedó contestada con el desarrollo de las empresas privadas, en forma de sociedades anónimas, y de las estructuras previstas para protegerlas y apoyarlas, aunque sigue siendo un tarea difícil obligar al pueblo a mantenerse en el papel de espectador.

Casi seguro que Estados Unidos es el caso de estudio más importante si pretendemos comprender el mundo actual y el de mañana. Una razón es su incomparable poder. Otra, sus estables instituciones democráticas. Además, Estados Unidos estuvo más cerca que nadie de ser una tabula rasa. América puede ser «tan feliz como quiera», comentaba Thomas Paine en 1776: «Tiene una hoja en blanco en la que escribir». Las sociedades indígenas f ueron en buena medida eliminadas. Estados Unidos tampoco contiene demasiados residuos de estructuras europeas anteriores, una de las razones de la relativa debilidad del contrato social y de los sistemas de adhesión, que a menudo tienen sus raíces en instituciones precapitalistas. Y, en unas proporciones no usuales, el orden sociopolítico se proyectó de forma voluntaria. No es posible hacer experimentos al estudiar la historia, pero Estados Unidos es el país que más cerca está de ser el «caso ideal» de democracia capitalista de estado.

Además, el principal proyectista fue un astuto pensador político: James Madison, cuyas opiniones prevalecieron en gran medida. En los debates sobre la Constitución, Madison señaló que si las elecciones inglesas «estuvieran abiertas a todas las clases del pueblo, quedaría insegura la propiedad de los propietarios de tierras. Pronto habría una ley agraria», la cual daría tierra a los sin tierra. El sistema constitucional debía pensarse de forma que impidiera estas injusticias y «asegurara los intereses permanentes del país», como son los derechos de propiedad.

Entre los estudiosos de Madison hay acuerdo en que «la Constitución fue intrínsecamente un documento aristocrático pensado para refrenar las tendencias democráticas de la época», que entregaba el poder a los «buenos» y excluía a quienes no fueran ricos, bien nacidos ni prominentes por haber ejercido el poder político (Lance Banning). La primera responsabilidad del gobierno es «proteger la minoría de los opulentos frente a la mayoría», afirmó Madison. Este ha sido el principio que ha guiado al sistema democrático desde sus orígenes hasta hoy.

En las discusiones públicas, Madison hablaba de los derechos de las minorías en general, pero está bastante claro que estaba pensando en una determinada minoría: «la minoría de los opulentos». La teoría política moderna subraya la creencia de Madison en que, «en un gobierno justo y libre, deben protegerse de forma eficaz tanto los derechos de la propiedad como los de las personas». Pero también en este caso es útil examinar la doctrina con mayor detenimiento. No existen derechos de la propiedad, sólo derechos a la propiedad: es decir, derechos de las personas con propiedad. Tal vez yo tenga derecho a mi coche, pero mi coche no tiene ninguna clase de derechos. El derecho a la propiedad difiere también de otros en que la posesión que tiene una persona de la propiedad priva a otros del mismo derecho: si yo soy dueño de mi coche, usted no puede serlo; pero en una socieciad justa y libre mi libertad de expresión no limita la suya. El principio de Madison es, pues, que el gobierno debe proteger los derechos de las personas en general, pero debe garantizar de manera especial y adicional los derechos de una clase de personas, las que tienen propiedades.

Madison previó que la democracia estaría probablemente más amenazada conforme pasara el tiempo, debido al aumento de «la proporción de los que serán víctimas de todas las penalidades de la vida y, en secreto, suspirarán por un reparto más equitaitivo de sus bendiciones». Era posible que ganasen influencia, temía Madison. Le preocupaban los «síntomas de un espíritu nivelador» que ya habían aparecido y advirtió sobre «el futuro peligro» si el derecho al voto ponía «poder sobre la propiedad en manos de quienes no la compartían». No cabe esperar que aquellos «sin propiedad, o sin esperanzas de adquirirla, simpaticen lo bastante con este derecho», explicaba Madison. Su solución era mantener el poder político en manos de quienes «representan y provienen de la riqueza de la nación», «el conjunto de hombres más capaces», manteniendo a la población en general fragmentada y desorganizada.

El problema del «espíritu nivelador» también surgió en el extranjero, por supuesto. Se aprende mucho sobre la «teoría democrática que realmente existe» viendo cómo se percibe este problema, especialmente en los documentos secretos para uso interno, donde los dirigentes pueden ser más sinceros y llanos.

Tómese el importante ejemplo de Brasil, el «coloso del sur». En una visita realizada en 1960, el presidente Eisenhower aseguró a los brasileños que «nuestro sistema de empresa privada con conciencia social beneficia a todo el mundo, lo mismo propietarios que trabajadores … En libertad, el trabajador brasileño es una feliz demostración de las bienaventuranzas del sistema democrálico». El embajador agregó que la influencia norteamericana había derribado «el antiguo orden de América del Sur», introduciendo «ideas revolucionarias como la libre enseñanza obligatoria, la igualdad ante la ley, una sociedad relativamente sin clases, un sistema de gobierno responsable y democrático, la libre empresa competitiva [y] un fabuloso nivel de vida para las masas».

Pero los brasileños reaccionaron con aspereza a las buenas nuevas aportadas por sus tutores del norte. Las elites latinoamericanas son «como niños», informó el secretario de Estado John Foster Dulles al Consejo Nacional de Seguridad, «sin prácticamente ninguna capacidad de autogobierno». Lo que era aún peor, Estados Unidos se halla «irremediablemente muy por detrás de los soviélicos en cuanto a haber desarrollado controles sobre las mentes y las emociones de los pueblos sencillos». Dulles y Eisenhower manifestaron su preocupación por la «capacidad [de los comunistas] para hacerse con el control de los movimientos de masas», una capacidad que «nosotros no estamos en condiciones de igualar»: «Se dirigen a los pobres y éstos siempre han deseado expoliar a los ricos».

En otras palabras, nos resulta difícil inducir a la gente a aceptar nuestra doctrina de que los ricos deben expoliar a los pobres, un problema de relaciones públicas que todavía no se ha resuelto.

La administración Kennedy se enfrentó al problema cambiando la misión de los militares latinoamericanos, que era la «defensa del hemisferio» y pasó a ser «la seguridad interior», una decisión que tendría fatales consecuencias, empezando por el brutal y criminal golpe militar en Brasil. El ejército estaba considerado por Washington una «isla de salud mental» dentro de Brasil y el golpe fue bien acogido por Lincoln Gordon, el embajador de Kennedy, como «una rebelión democrática», en realidad «la victoria más decisiva de la libertad a mediados del siglo xx». Antiguo economista de la Universidad de Harvard, Gordon agregó que «la victoria de la libertad» – es decir, el derrocamiento violento de la democracia parlamentaria – debía «crear un clima mucho más apto para las inversiones privadas», aportando alguna adicional luz sobre el significado en la práctica de los términos libertad y democracia.

Dos años después el secretario de Defensa Robert McNamara informaba a sus socios de que «la política de Estados Unidos con los militares latinoamericanos había sido, en conjunto, eficaz para alcanzar los objetivos que se pretendían». Esta política había mejorado la «competencia en seguridád interior» y establecido el «predominio de la influencia estadounidense entre los militares». Los militares latinoamericanos entienden sus tareas y estan equipados para llevarlas a cabo gracias a los programas de Kennedy para ayuda e instrucción militar. Estas tareas incluyen el derrocamiento de gobiernos civiles «siempre que, a juicio de los militares, la conducta de los líderes sea perjudicial para el bienestar de la nación». Estas acciones de los militares son necesarias «en el medio cultural de América Latina», explicaron los intelectuales kennedistas. Y podemos confiar en que las llevarán a cabo como es debido, ahora que los militares han ganado «comprensión e inclinación a favor de los objetivos estadounidenses». Esto asegura un desenlace correcto de la «lucha revolucionaria por el poder entre los grandes agrupamientos que constituyen la actual estructura de clases» en América Latina, desenlace que protegerá el comercio y «la inversión privada de Estados Unidos», la «raíz económica» que está en el corazón de los «intereses políticos estadounidenses en América Latina».

Son clocumentos secretos, en este caso del liberalismo kennediano. El discurso público es, naturalmente, muy distinto. Si nos atenemos a éste, entenderemos poco sobre el verdadero significado de la «democracia» y sobre el orden global de los últimos años; ni tampoco del futuro, puesto que las riendas siguen en las mismas manos. Los estudios más serios exponen con claridad los hechos fundamentales. La Agencia Nacional de Seguridad, creada y respaldada por Estados Unidos, es investigada en un importante libro de Lars Schoultz, uno de los principales estudiosos de América Latina. Su objeto, en palabras de este autor, era «destruir para siempre la amenaza detectada contra la existente estructura de privilegios socioeconómicos mediante la eliminación de la participación de la mayoría numérica», la «gran bestia» de Hamilton. El objetivo es básicamente el mismo que en la sociedad norteamericana, aunque los medios sean distintos.

La pauta persiste en la actualidad. El campeón de los violadores de los derechos humanos en el hemisferio es Colombia, a su vez el principal recipiendario de ayuda e instrucción militar norteamericana en los últimos años. El pretexto es «la guerra contra el narcotráfico», pero esto es «un mito», como explican sin excepción los principales grupos que defienden los derechos humanos, la iglesia y otros investigadores de la escandalosa marca de atrocidades y de los estrechos vínculos entre narcotraficantes, terratenientes, el ejército y sus socios paramilitares. El terror estatal ha devastado las organizaciones populares y prácticamente destruido el único partido político independiente mediante el asesinato de miles de activistas, entre ellos candidatos a la presidencia, alcaldes y demás. No obstante, Colombia es ensalzada como democracia estable, lo que de nuevo pone de manifiesto qué se entiende por «democracia».

Un ejemplo especialmente instructivo es la reacción a la primera experiencia democrática en Guatemala. En este caso, los documentos secretos son en parte accesibles, de modo que sabemos bastante sobre los criterios que guiaban la política. En 1952 la CIA advirtió de que las «medidas políticas radicales y nacionalistas» del gobierno habían ganado «el apoyo o la aquiescencia de casi todos los guatemaltecos». El gobierno estaba «movilizando al campesinado hasta entonces políticamente inerte» y creando «un apoyo de masas para el actual régimen» mediante organizaciones de trabajadores, la reforma agraria y otras medidas «identificadas con la revolución de 1944», que había promovido «un fuerte movimiento nacional para liberar Guatemala de la dictadura castrense, del atraso social y del “colonialismo económico”, que habían sido la norma en el pasado». Las medidas políticas del gobierno democrático «correspondían a los intereses de la mayor parte de los guatemaltecos conscientes e inspiraban su lealtad». La inteligencia del Departamento de Estado informaba de que la dirección democrática «insistía en mantener un sistema político abierto», lo que permitía que los comunistas «ampliaran sus actividades y apelaran con efectividad a diversos sectores de la población». Estas deficiencias de la democracia fueron restalladas con el golpe militar de 1954 y el subsiguiente reinado del terror, siempre con el apoyo a gran escala de Estados Unidos.

El problema de asegurar el «consentimiento» también se planteó en las instituciones internacionales. Al principio, Naciones Unidas fue un instrumento de confianza para la política estadounidense y mereció grandes elogios. Pero la descolonización trajo lo que iba a llamarse la «tiranía de la mayoría». A partir de la década de 1960 Washington pasó a ser quien más vetaba las resoluciones del Consejo de Seguridad (con Gran Bretaña en segundo puesto y Francia de tercero a distancia) y quien más veces volaba, solo o en compañía de algunos países clientes, contra las resol uciones de la Asamblea General. Naciones Unidas perdió el favor y empezaron a aparecer serios artículos que se interrogaban sobre por qué el mundo se estaba «oponiendo a Estados Unidos», que Estados Unidos pudiera estarse oponiendo al mundo se consideraba demasiado extravagante para tenerlo en cuenta. Las relaciones estadounidenses con el Tribunal Internacional de la Haya y con otras instituciones supranacionales han seguido una evolución similar, sobre lo cual volveremos.

Mis comentarios sobre las raíces madisonianas de las ideas que prevalecen sobre la democracia han sido injustos en un aspecto de importancia. Al igual que Adam Smith y otros fundadores del liberalismo clásico, Madison era precapitalista y, en espíritu, anticapitalista. Confiaba en que los gobernantes serían «iluminarlos hombres de estado» y «filósofos benevolentes», «cuya sabiduría sabría discernir lo mejor posible los verdaderos intereses de su país». Ellos «refinarían» y «ensancharían» las «actitudes púhlicas», protegiendo los verdaderos intereses del país contra los «desatinos» de las mayorías democráticas; pero con luces y benevolencia.

Pronto hubo de descubrir otras cosas Madison, conforme la «minoría de los opulentos» procedió a utilizar su recién hallado poder de manera muy parecida a como había predicho Adam Smith pocos años antes. Se esforzaron en seguir lo que Smith llamó la «infame máxima» de los señores: «Todo para nosotros y nada para los demás». En 1792 Madison advirtió que en el incipiente estado capitalista en formación se estaba «sustituyendo el motivo de servir al público por el de los intereses privados», lo que conducía a «un auténtico dominio de unos pocos bajo la aparente libertad de los más». Deploraba «la osada depravación de los tiempos» en que los poderes privados «se convertirán en la guardia pretoriana del gobierno, a la vez sus intrumentos y su tirano, sobornados por su liberalidad e intimidándolo con clamores y alianzas». Estos poderes proyectaron sobre la sociedad esa sombra que llamamos «la política», como posteriormente diría Dewey. Uno de los principales filósofos del siglo xx y figura sobresaliente del liberalismo en América del Norte, Dewey subrayó que la democracia tiene poco contenido cuando el gran capital gobierna la vida del país a través del control de «los medios de producción, comercio, publicidad, transporte y comunicaciones, reforzado por mandar en la prensa y en sus agencias, además de en otros medios de publicidad y propaganda». Sostuvo adicionalmente que, en una sociedad libre y democrática, los trabajadores deben ser «dueños de su propio destino laboral», no herramientas que alquilan los patronos, ideas que pueden rastrearse en el liberalismo clásico y en la ilustración, y que han reaparecido constantemente en las luchas populares lo mismo en Estados Unidos que en otros lugares.

Ha habido muchos cambios en los últimos doscientos años, pero las amonestaciones de Madison no se han vuelto sino más pertinentes, adoptando un nuevo significado desde la constitución de las grandes tiranías privadas a las que se concedieron extraordinarios poderes a principios de siglo, sobre todo a través de los tribunales. Las teorías inventadas para justificar estas entidades, o «personas jurídicas colectivas», como a veces las denominan los historiadores del derecho, se basan en ideas que también están en el fondo del fascismo y del bolchevismo: las entidades orgánicas tienen derechos por encima de los de las personas. Son objeto de la magna «generosidad» de los estados que en buena medida dominan, de los que siguen siendo a la vez «herramientas y tiranos», en expresión de Madison. Y han ganado un sustancial control sobre la economía nacional e internacional, así como sobre los sistemas de información y adoctrinamiento, lo que trae a la cabeza otra de las preocupaciones de Madison: que «un gobierno popular sin información popular, o sin los medios para conseguirla, no es más que el prólogo a una farsa o a una tragedia; o tal vez ambas cosas».

Detengámonos ahora en las doctrinas que se han elaborado para imponer las modernas formas de democracia política. Se exponen con bastante precisión en un importante manual de la industria de relaciones públicas, obra de una de sus figuras más descollantes, Edward Bernays. Arranca con la observación de que «la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones establecidos de las masas es un componente importante ole la sociedad democrática». Para llevar adelante esta tarea esencial, «las minorías inteligentes deben utilizar la propaganda constante y sistemáticamente», porque sólo éstas «comprenden los procesos mentales y las pautas sociales de las masas» y pueblen «mover los hilos que controlan la opinión pública». Por lo tanto, nuestra «sociedad ha consentido en permitir que la libre competencia se organice mediante el liderazgo y la propaganda», otro caso de «consentimiento sin consentimiento». La propaganda procura al liderazgo un mecanismo «para moldear el pensamiento de las masas» de tal modo que «encaucen su recién ganada fuerza en la dirección deseada». El liderazgo puede «unitormar todas las parcelas de la opinión pública tanto como el ejército uniforma los cuerpos de los soldados». Este proceso de «ingeniería del consentimiento» es la mismísima «esencia del proceso democrático», escribió Bernays poco después de que la Asociación Americana de Psicología lo homenajeara en 1949.

La importancia de «controlar la opinión pública» se ha reconocido cada vez con mayor claridad a medida que las luchas populares lograban ampliar el terreno de juego democrático, dando lugar así a la aparición de lo que las elites liberales llaman «la crisis de la democracia», lo que ocurre cuando poblaciones normalmente pasivas y apáticas se organizan y buscan entrar en la arena política para perseguir sus intereses y reivindicaciones, con lo que amenazan la estabilidad del orden. Tal como explicaba Bernays el problema, «con el sufragio universal y la escolarización universal … al final incluso la burguesía ha tenido miedo de la gente del pueblo. Pues las masas se prometían llegar a ser el rey», tendencia que por fortuna se ha invertido – así se esperaba – conforme se han ido inventando y poniendo en práctica nuevos métodos «para modelar la mentalidad de las masas».

Buen liberal del New Deal, Bernays había cultivado sus habilidades en el Comité de Información Pública de Woodrow Wilson, la primera agencia estatal de propaganda que ha habido en Estados Unidos. «Fue el asombroso éxito de la propaganda durante la guerra lo que abrió los ojos de los contados inteligentes que hay en todos los sectores de la vida a las posibilidades de uniformar la opinión pública», explicaba Bernays en su manual de relaciones públicas, titulado Propaganda. Los contados inteligentes tal vez fueran conscientes de que su «asombroso éxito» se basaba, en no pequeña parte, en invenciones propagandísticas acerca de las atrocidades de los «hunos» que les suministraba el Ministerio de Información británico, que en secreto definía su actividad como la de «dirigir el pensamiento de la mayor parte de la gente».

Todo esto es buena doctrina wilsoniana, lo que se conoce en teoría pol ítica por «el idealismo de Wilson». La visión personal de Wilson era que se necesita una elite de caballeros con «ideales elevados» para preservar «la estabilidad y la justicia». La minoría inteligente de «hombres responsables» es la que debe controlar la toma de decisiones, explicaba Walter Lippmann, otro veterano del comité de propaganda de Wilson, en sus influyentes ensayos sobre la democracia. Lippmann también fue la figura más respetada del periodismo norteamericano y un notorio comentarista de la actualidad política durante medio siglo. La minoría inteligente es una «clase especializada», responsable de ajustar la política y «crear una sólida opinión pública», pormenorizaba Lippmann. Debe estar libre de la interferencia del público en general, compuesto de «intrusos ignorantes e impertinentes». El público debe «ser puesto en su silio», proseguía Lippmann: su «función» es ser «espectadores de la acción», sin participar, excepto en los períodos electorales cuando escogen entre la clase especializada. Los dirigentes deben tener libertad para operar en «aislamiento tecnocrático», tomando prestada la actual terminología del Banco Mundial.

En la Encyclopaedia of Social Sciences, Harold Laswell, uno de los fundadores de la moderna ciencia política, advirtió que las minorías inteligentes deben reconocer la «ignorancia y estupidez de las masas» y no sucumbir a «dogmatismos democráticos acerca de que los hombres son los mejores jueces de sus propios intereses». Los mejores jueces no son ellos, somos nosotros. Las masas deben ser controladas por su propio bien; y en las sociedades más democráticas, donde no cabe el recurso a la fuerza, los manipuladores sociales deben utilizar «todas las nuevas técnicas de control, en buena medida mediante la propaganda».

Nótese que se trata de buena doctrina leninista. Es bastante llamativa la similitud entre la teoría democrática progresista y el marxismo leninismo, algo que Bakunin había predicho hace mucho tiempo.

Una vez bien entendido el concepto de «consentimiento», podemos apreciar que la implantación del programa del capital por encima de las objeciones de la gran mayoría de la población constituye, «con el consentimiento de los gobernados», una forma de «consentimiento sin consentimiento». Esto viene a ser una ajustada descripción de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. A menudo hay una brecha entre las preferencias públicas y la política pública. En los últimos años esta brecha se ha vuelto sustancial. Una comparación aporta nueva luz sobre el funcionamiento del sistema democrático.

Más del 80 por ciento del público cree que el gobierno «actúa a favor de la minoría y de intereses particulares, no de la gente», superando el 50 por ciento, más o menos, de años anteriores. Más del 80 por ciento cree que el sistema económico es «intrínsecamente injusto» y que los trabajadores tienen poco que decir sobre lo que ocurre en el país. Más del 70 por ciento opina que «el mundo financiero ha ganado demasiado poder sobre demasiados aspectos de la vida norteamericana» y, casi en una proporción de 20 a 1, el público cree que las empresas «deberían sacrificar a veces parte de los beneficios con vistas a mejorar las condiciones de los trabajadores y de la comunidad».

Las actitudes públicas se mantienen obstinadamente socialdemócratas en importantes aspectos, como ocurrió durante todos los años de Reagan, en contra de lo que diga tanta mitología. Pero debemos asimismo notar que estas actitudes quedan lejos de las ideas que animaron las revoluciones democráticas. Los trabajadores de la América del Norte del siglo XIX no rogaban a sus gobernantes que fueran más benévolos. Más bien les negaban el derecho a mandar. «Las fábricas deben ser de quienes trabajan en ellas», exigía la prensa obrera, manteniendo los ideales de la revolución americana tal como los entendía la peligrosa chusma.

Las elecciones al Congreso de 1994 son un ejemplo revelador de la distancia que hay entre la retórica y los hechos. Se las calificó de «terremoto político», de «victoria aplastante», de «triunfo del conservadurismo» que reflejaba el persistente «deslizamiento hacia la derecha», al otorgar los votantes un «mandato arrolladoramente popular» a la tropa ultraderechista de Newt Gingrich que prometía «quitarnos el gobierno de encima» y volver a los felices tiempos en que reinaba el mercado libre.

Ateniéndose a los datos, la «victoria aplastante» se obtuvo con poco más de la mitad de los votos emitidos, alrededor del 20 por l 00 del electorado, cifras que apenas se diferencian de las de dos años antes, cuando ganó el partido Demócrata. Uno de cada seis votantes describió los resultados como la «ratificación del programa republicano». Uno de cada cuatro había oído hablar del Contrato con América, que exponía tal programa. Y cuando se la informaba, la gente se oponía prácticamente a la totalidad del programa en su gran mayoría. Alrededor del 60 por 100 de la población quería que aumentasen los gastos sociales. Un año después, el 80 por 100 sostenía que «el gobierno federal debe proteger a los más vulnerables de la sociedad, sobre todo a pobres y ancianos, garantizando niveles mínimos de vida y proporcionando prestaciones sociales». Entre el 80 y el 90 por 100 de los norteamericanos eran partidarios de que el gobierno federal garantizase la asistencia pública para quienes no pueden trabajar, el seguro de paro, las medicinas subvencionadas y las atenciones a domicilio de los ancianos, unos mínimos niveles de servicios sanitarios y la seguridad social. Tres cuartas partes apoyaban que se garantizase desde el gobierno federal el cuidado de los hijos de las mujeres trabajadoras con bajos ingresos. Es especialmente llamativa la persistencia de estas actitudes a la luz del ininterrumpido bombardeo de la propaganda destinada a convencer a la gente de que sostiene criterios radicalmente distintos.

Los estudios de opinión pública muestran que cuanto más saben los votantes sobre el programa de los congresistas republicanos, más se oponen al partido y a su programa. El portaestandarte de la revolución, Newt Gingrich, era impopular en el momento de su «triunfo» y se ha ido hundiendo posteriormente, pasando a ser tal vez la figura política más impopular del país. Uno de los aspectos más cómicos de las elecciones de 1996 fue la escena en que los más estrechos colaboradores de Gingrich se esforzaron en negar toda conexión con su líder y las ideas de éste. En las primarias, el primer candidato en desaparecer, prácticamente desde el mismísimo inicio, fue Phil Gramm, el único representante de los congresistas republicanos, muy bien provisto de fondos, que decía todo cuanto se suponía, según los titulares de prensa, que gustaba a los votantes. En realidad, casi todos los temas políticos desaparecieron desde el mismo instante en que los candidatos tuvieron que enfrentarse a los votantes en enero de 1996. El ejemplo más espectacular fue el equilibrio presupuestario. A lo largo de 1995, el principal problema del país era cuánto se tardaría en alcanzarlo, si siete años o un poco más. El gobierno fue acallado varias veces durante el fragor de la controversia. Tan pronto se iniciaron las primarias se esfumaron las chácharas sobre el presupuesto. El Wall Street Journal informaba con sorpresa de que los votantes «habían abandonado su obsesión por el equilibrio presupuestario». La auténtica «obsesión» de los votantes era precisamente la contraria, como demostraban periódicamente las encuestas: su oposición a equilibrar el presupuesto bajo cualesquiera supuestos mínimamente realistas.

Para ser exactos, una fracción del público compartía la «obsesión» de los dos partidos políticos por equilibrar el presupuesto. En agosto de 1995, el 5 por 100 de la población consideraba que el déficit era el problema más importante del país, más o menos el mismo porcentaje que se inclinaba por los homeless. Pero entre el 5 por 100 obsesionado por el presupuesto se contaban personas de peso. «La patronal del país ha hablado: equilibrar el presupuesto federal», anunciaba el Business Week al informar sobre una encuesta entre ejecutivos estadounidenses de solera. Y cuando habla la patronal, lo mismo dicen la clase política y los medios de comunicación, que explicaron a la población que se precisaba equilibrar el presupuesto, detallando los recortes del gasto social en concordancia con la voluntad pública; y pasando por encima la sustancial oposición que demostraban las encuestas. No es sorprendente que el tema desapareciera súbito del mapa cuando los políticos tuvieron que hacer frente a la gran bestia.

Tampoco es sorprendente que el programa siga llevándose a práctica según el habitual proceder de doble filo, con crueles y a menudo impopulares recortes del gasto social a la par que aumentos en el presupuesto del Pentágono a que se opone la opinión pública, pero en ambos casos con el firme apoyo del empresariado. Las razones de que crezca el gasto son fáciles de entennder si tenemos presente el papel que desempeña el sistema del Pentágono dentro del país: transferir fondos públicos a sectores avanzados de la industria, de modo que los ricos electores de Newt Gingrich, por ejemplo, queden protegidos de los rigores del mercado con mayores subvenciones estatales que cualquier otro distrito del país (exceptuando el propio gobierno federal), mientras el líder de la revolución conservadora denuncia el gigantismo estatal y alaba el austero individualismo.

Desde el principio estuvo claro en las encuestas que no eran ciertos los cuentos de la aplastante victoria conservadora. Ahora el fraude se admite en silencio. El especialista en encuestas de los republicanos de Gingrich explicó que, cuando él exponía que la mayor parte de la gente apoyaba el Contrato con América, lo que quería decir era que les gustaban los eslóganes utilizados en la propaganda. Por ejemplo, sus estudios mostraban que el público se.oponía al desmantelamiento del sistema sanitario, el cual queria «conservar, proteger y reforzar» para «la siguiente generación». De modo que el desmantelamiento se presentaba en la propaganda como «una solución que preserva y protege» el sistema sanitario para la siguiente generación. De este tenor viene a ser todo en general.

Esto es muy natural en una sociedad que está dirigida por las finanzas hasta un punto fuera de lo habitual, con inmensos gastos en mórketing: un billón de dólares al año, una sexta parte del producto nacional bruto, en buena parte deducible en los impuestos, de modo que la gente paga por el privilegio de ser sometida a la manipulación de sus actitudes y comportamientos.

Pero la gran bestia es dura de domar. Repetidas veces se ha pensado que el problema estaba resuelto y que se había alcanzado el «final de la historia», una especie de utopía de los señores. Un precedente clásico tuvo lugar en los orígenes de la doctrina neoliberal, a comienzos del siglo XIX, cuando David Ricardo, Thomas Malthus y otras grandes figuras de la economía clásica anunciaron que la nueva ciencia había demostrado, con la misma exactitud que las leyes de Newton, que sólo perjudicaríamos a los pobres si pretendiéramos ayudarlos y que el mejor regalo que podemos ofrecer a las masas que sufren es librarlas de la ilusión de que tienen derecho a vivir. La nueva ciencia demostró que las gentes no tenían otros derechos más allá de los que pudieran al tener en el mercado de trabajo sin regulación. En la década de 1830 estas doctrinas parecían haber triunfado en Inglaterra. Con la victoria del pensamiento derechista al servicio de los interes manufactureros y financieros británicos, los habitantes de Inglaterra se vieron «forzados a entrar por la senda del experimento utópico», escribió Karl Polanyi, en su clásica obra La gran transformación (The Great Transformation), hace cincuenta años. Fue la más «despiadada acción de reforma social de toda historia», proseguía Polanyi, que «segó innumerables vidas». Pero surgió un problema no previsto. Las estúpidas masas empezaron a sacar la conclusión de que si nosotros no tenemos ningún derecho a vivir, vosotros no tenéis ningún derecho a mandar. El ejército británico tuvo que hacer frente a algaradas desórdenes, y pronto se conformó una amenaza aún mayor cuando los trabajadores empezaron a organizarse, exigiendo normativas laborales y legislación social que los protegiesen del crudo experimento neoliberal, y a menudo yendo mucho más lejos. La ciencia, que afortunadamente es flexible, adoptó formas nuevas conforme las opiniones de las elites variaron en respuesta a las incontrolables fuerzas populares, descubriendo que debe protegerse el derecho a vivir mediante alguna clase de contrato socal.

Más entrado el siglo XIX, muchos estuvieron de acuerdo en que el orden había vuelto a restaurarse, aunque unos cuantos disintieron. El famoso artista William Morris escandalizó a la opinión respetable al declararse socialista en una conferencia pronunciada en Oxford. Reconocía que era «la opinión admitida que el sistema competitivo, el de “Sálvese quien pueda”, es el último sistema económico que conocerá el mundo; que es la perfección y que, por lo tanto, con él se ha alcanzado lo irrevocable». Pero, si la historia ha terminado, continuaba, «la civilización perecerá». Y esto se negaba a creerlo, pese a las confiadas proclamas de los «hombres más sabios». Tenía razón, como ha demostrado la lucha de los pueblos.

También en Estados Unidos se saludaron los Alegres Noventa de hace un siglo como «la perfección» y «lo irrevocable». Y en los Locos Años Veinte se asumía confiadamente que la clase trabajadora había sido aplastada de una vez por todas y que se había alcanzado la utopía de los señores: unos «Estados Unidos muy poco democráticos», que habían sido «creados por encima de las protestas de los trabajadores», comenta David Montgomery, historiador de la Universidad de Yale. Pero de nuevo fue una celebración prematura. Al cabo de pocos años la gran bestia escapaba una vez más de su jaula e incluso Estados Unidos, el mejor ejemplo de sociedad dirigida por las finanzas, fue obligado por la lucha popular a conceder derechos que se habían ganado mucho antes en sociedades más autocráticas.

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el capital lanzó una ofensiva propagandística para recuperar, el terreno que había perdido. A finales de los cincuenta se daba en general por hecho que se había alcanzado el objetivo. Habíamos llegado al «final de las ideologías» en el mundo industrial, escribió el sociólogo de Harvard Daniel Bell. Pocos años antes, el director de una de las principales pubhcaciones especializadas en economía, Fortune, había informado sobre la «desconcertante» magnitud de la campaña propagandística de la patronal destinada a superar las actitudes socialdemócratas que persistieron durante los años de la posguerra.

Pero de nuevo era la celebración prematura. Los acontec mientas de los años sesenta demostraron que la gran bestia se mantenía al acecho, despertando una vez más entre los «hombres responsables» el miedo a la democracia. La Comisión Trilateral fundada por David Rockefeller en 1973, dedicó su primer gran estudio a la «crisis de la democracia» que vivía todo el mundo industrial al estar tratando de introducirse en la arena pública grandes sectores de la población. Los ingenuos podrían interpretar que era un paso hacia la democracia, pero la Comisión entendió que era un «exceso de democracia» y confiaba en restaurar los días en que «Truman había podido gobernar el país con la cooperación de un número relativamente pequeño de banqueros abogados de Wall Street», como comentaba el ponente norteamericano. Eso era la debida «moderación democrática». De especial interés para la Comisión fueron los fracasos de las dc nominadas instituciones responsables «de adoctrinar a los jóvenes». las escuelas, las universidades y las iglesias. La Comisión propuso medidas para restaurar la disciplina y restablecer en la pasividad y la obediencia en la gran masa de la población, con lo que superaría la crisis de la democracia.

La Comisión representa los sectores internacionalistas má progresistas del poder y de la vida intelectual en Estados Unidos, Europa y Japón: la administración Carter perdió casi por completo su parroquia. El ala derecha adoptó una línea mucho más dura.

Desde la década de 1970, los cambios habidos en la economía internacional han puesto nuevas armas en manos de los señores, permitiéndoles hacer menuzos el odiado contrato social que se había ganado en la lucha popular. El espectro político de Estados Unidos, siempre tan estrecho, se ha adelgazado hasta la casi invisibilidad. Pocos meses después de que Clinton tomara posesión de la presidencia, el artículo de fondo del Wall Street Journal manifestaba su complacencia por que «asunto tras asunto, Mr. Clinton y su administración se decantaran por el mismo lado que el empresariado norteamericano», ganándose las felicitaciones de quienes dirigen las grandes corporaciones, que estaban encantados de «estar saliendo mucho mejor parados con esta administración que con las anteriores», como dijo uno de ellos.

Un año después, los grandes hombres de negocios pensaron que aún podía irles mejor, y en septiembre de 1995 el Business Week informaba de que el nuevo Congreso «representa un hito para la patronal: nunca antes habían llovido tantísimas peladillas sobre los empresarios estadounidenses». En las elecciones de 1996, los dos candidatos eran republicanos moderados y, colaboradores del gobierno desde antiguo, candidatos del mundo financiero. La campaña fue de una «insulsez histórica», las encuestas de la prensa económica mostraban que el interés del público había descendido incluso por debajo de los bajos niveles previstos, pese a que el gasto había batido marcas, y que a los votantes no les gustaban ninguno de los dos candidatos y poco esperaban de cualquiera de ellos.

Hay un descontento en gran escala con el funcionamiento del sistema democrático. Un fenómeno similar se había detectado en América Latina y, aunque las condiciones fueran muy distintas, las razones eran en parte las mismas. El politólogo argentino Atilio Boron ha recalcado el dato de que en América Latina los procedimientos democráticos se establecieron a la vez que las reformas económicas neoliberales, que han sido un desastre para la mayoría de la población. La introducción de programas similares en el país más rico del mundo ha tenido efectos similares. Cuando más del 80 por ciento de los habitantes opina que el sistema democrático es una farsa y que la economía es «intrínsecamente injusta», «el consentimiento de los gobernados» está tocando fondo.

La prensa económica deja constancia del «claro subyugamiento de la mano de obra por el capital durante los últimos quince años», lo que ha reportado a éste numerosas victorias. Pero también advierte que tal vez los días gloriosos no duren, debido a la cada vez más «agresiva campaña» de los trabajadores «para asegurar[se] el llamado “salario digno”» y «garantizar[se] una mayor tajada del pastel».

Merece la pena recordar que ya hemos pasado antes por todo esto. El «final de la historia», la «perfección» y la «irrevocabiliclad» se habían proclamado muchas veces, siempre en falso. Y pese a tantas sórdidas repeticiones, un alma optimista todavía podría discernir un lento progreso, con realismo, creo yo. En los países industriales avanzados, y también es frecuente en otros, las luchas populares pueden partir de un plano superior y con mejores expectativas que en los Alegres Noventa y en los Locos Años Veinte, e incluso que hace tres décadas. Y la solidaridad internacional podrá adoptar formas nuevas y más constructivas conforme la gran mayoría de los habitantes del mundo llegue a comprender que sus intereses son aproximadamente los mismos y que son defendibles si se actúa conjuntamente. No hay más razón ahora que antes para creer que estamos constreñidos por leyes sociales misteriosas y desconocidas, y no por las simples decisiones que se adoptan en instituciones sometidas a la voluntad humana; instituciones humanas que tienen que hacer frente a la prueba de la legitimidad y que, si no la satisfacen, son sustituihles por otras que sean más libres y más justas, como ha ocurrido tantas veces en el pasado.

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